La pretensión del Ministro Manuel Fernández Meléndez de imponer los criterios del gobierno como única modalidad de ingreso a las Universidades Autónomas, no puede ser respondida como un problema de carácter administrativo que se resuelve solo con mayor presupuesto. Una decisión de esta naturaleza afecta de manera profunda la misión académica de las Universidades, con consecuencias incalculables sobre el futuro de la educación superior. Ya las políticas oficiales del gobierno limitan considerablemente el desarrollo académico de la UCV, tenemos dificultades para cumplir con las actividades de investigación, extensión y docencia. Planificación y ejecutar cada período académico es una tarea titánica que exige esfuerzos mayores a la Institución, por la carencia de insumos, reactivos, materiales, equipos, acondicionamiento de salas clínicas, laboratorios y estaciones experimentales, contratación de profesores. Es decir, las actividades académicas están severamente limitadas.
El ingreso forma parte esencial de las políticas académicas junto a la prosecución y al egreso, por lo que no es concebible admitir nuevos estudiantes sin considerar de manera prioritaria las condiciones para su desempeño durante la carrera y la culminación exitosa de su formación. Por ello la UCV sostiene que el ingreso no es a un pupitre sino al Conocimiento. Sobre los asuntos académicos son inaceptables las improvisaciones y disposiciones populistas, que niegan el esfuerzo, el rendimiento y el talento de los jóvenes que aspiran cursar estudios universitarios.
Un examen detenido de las listas de asignados publicadas por la OPSU evidencia la ausencia de criterios objetivos, académicos y científicos, plagados de injusticias, discriminación y exclusión. Como muestra de ello observamos lo siguiente:
En la carrera de Medicina de la lista OPSU el aspirante con promedio de bachillerato más alto (19,8) ocupa el puesto número 32 y el puesto número 1 lo ocupa un estudiante con 18,6 puntos. De igual modo, llama la atención que el puesto 72 corresponda a un promedio de 19,14. El último lugar lo ocupa un estudiante con promedio de 16.6, pero por encima de él se ubica el de menor promedio asignado con 15,4.
Tomemos dos carreras con mayor número de estudiantes asignados: Farmacia y Derecho.
Farmacia: en el puesto número 1 de la lista lo ocupa un estudiante con promedio de 18.2, mientras el último asignado (puesto número 150) el promedio es de 19.5 y por encima de este se ubica el menor promedio asignado que es 14.8.
Derecho: el puesto número 1 de la lista lo ocupa un estudiante con promedio de 19.16, mientras dos estudiantes con 20 de promedio son ubicados en los puestos 109 y 237. En el último puesto (N° 500) la OPSU asignó a un estudiante con 16.17 y en el puesto 279 al menor promedio de los asignados con 13.7.
Con estos ejemplos se evidencia que el gobierno violenta sus propios criterios; es decir, si el más alto porcentaje de las variables supuestamente tomadas en cuenta por la OPSU es el promedio de notas con un 50%, cómo se explican estas brechas entre los más altos y los menores promedios asignados. Esta distribución se aprecia en todas las carreras de la UCV.
El Ministerio de Educación Universitaria y la OPSU castigan severamente el rendimiento académico y condenan el esfuerzo de las familias y de sus hijos que han culminado su formación media de forma exitosa. Ocurre de manera clara que cuando utilizan el nefasto concepto de “discriminación positiva”, excluyen de forma injusta a los estudiantes de buen promedio provenientes de la educación privada.
Prof. Amalio Belmonte
Secretario de la UCV
01-06-2015
